LOE ¿Vuelven las dos Españas?

El trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Educación (LOE) no ha hecho más que empeorar un proyecto legislativo que ya nacía cargado de insuficiencias. En sólo tres meses el gobierno del PSOE se ha enajenado el apoyo de sus socios de la izquierda institucional a cambio de obtener el favor parlamentario o la crítica comprensiva de sectores conservadores y clericales.
A juicio de la Federación de Enseñanza de CNT, la reforma educativa aprobada en la última sesión plenaria del Congreso, y que será ratificada sin enmiendas significativas por el dócil e inoperante Senado, va a consagrar una quiebra social que, más pronto que tarde, nos pasará una dolorosa factura. Porque la LOE, lejos de resolver los graves problemas del actual sistema educativo español, resaltará sus limitaciones, agudizará sus deficiencias y, sobre todo, consagrará las vigentes desigualdades sociales.
Si con la LOGSE se pretendía cambiar la sociedad desde la escuela, ante la incapacidad de los socialistas de cambiar la sociedad y la escuela a la vez, con la LOE vuelven, y por decreto, las dos Españas. La educación deja de ser un servicio público, entendido como un derecho inalienable e indeclinable de cuyo ejercicio se responsabiliza toda la comunidad, para ser un factor de discriminación y una pieza básica de la exclusión social que está afectando a porcentajes crecientes de la población española: los inmigrantes, los habitantes del mundo rural, los residentes en las Comunidades Autónomas más atrasadas, las familias que malviven por debajo del umbral de la pobreza... Se alejan las dos Españas y se confrontan dos redes educativas paralelas: la pública, con carácter asistencial, y la privada, con pretensiones elitistas.
El mantenimiento de los conciertos educativos, tan criticados por la Iglesia Católica cuando fueron creados en 1985 por la LODE, permite esta división entre los centros de enseñanza y hace posible esta fractura social. La LOE facilita aún más los requisitos y limita aún más los controles para formalizar nuevos conciertos educativos, lo que permitirá abrir nuevos establecimientos privados para acoger a los alumnos que huyan de una red pública degradada. Se potencia una enseñanza privada doblemente financiada, por el Estado y por los padres, y libre para elegir a sus alumnos con criterios discriminatorios.
Así, por ejemplo, la exclusión de los alumnos con dificultades de aprendizaje se verá reforzada con el establecimiento de las pruebas de Evaluación de diagnóstico (Artículos 21 y 29), pues los centros concertados seleccionarán a su alumnado en busca de una mejor posición en el escalafón de instituciones educativas que, indudablemente, se establecerá cuando se hagan públicos estos resultados, sobre todo si la diferencia entre centros públicos y privados no es muy significativa, como se ha podido comprobar recientemente en la Comunidad de Madrid. La modificación del Artículo 86 que, antes de su paso por el Congreso, establecía la constitución de unas “comisiones u órganos de garantías de admisión que supervisarán el proceso de admisión de alumnos”, ahora deja a la arbitrariedad de las administraciones públicas el establecimiento de estos mecanismos de control, lo que supone un cheque en blanco para que los centros concertados escojan a sus alumnos en función de criterios contrarios a la “cohesión social e igualdad de oportunidades” que proclama la ley; al mismo tiempo, los centros públicos admitirán a todos los que lo soliciten pero se les escatiman los medios para formarlos adecuadamente.
Si además se permite, en contra de lo que afirmaba el proyecto de ley en su Artículo 88, que los centros escolares concertados recauden directa o indirectamente dinero de los padres de sus alumnos, una práctica hasta ahora tan ilegal como extendida, es evidente que el nivel económico de las familias establecerá una evidente discriminación en el acceso a establecimientos públicos o privados. Sólo los que puedan pagar estas injustas y arbitrarias aportaciones podrán ocupar una plaza en la red privada concertada.
Otros aspectos vienen a reforzar esta exclusión social. Merece la pena destacar que, con la LOE, la Educación Infantil pierde su imprescindible carácter educativo, que ahora se deja a la libre voluntad de los centros (Artículo 14.2), y se convierte en un simple instrumento de asistencia social; además, establece su gratuidad para el segundo ciclo de infantil pero permite los conciertos económicos con centros privados (Artículo 15.2), lo que muestra con claridad la renuncia del gobierno socialista a favorecer a la escuela pública, reservándose en exclusiva la escolarización de esta etapa de reciente generalización y controlado crecimiento. Y tampoco podemos olvidar que el número de alumnos con becas, unas ayudas que permiten aliviar las desigualdades sociales especialmente en los niveles no obligatorios, ha disminuido desde los 927.586 beneficiarios de 1995 hasta los 580.169 de 2005.
Un segundo factor, estrechamente ligado con lo que ya hemos expuesto, que preocupa especialmente a esta Federación de Enseñanza de CNT es la inclusión en el currículum escolar de materias que ni son ni pueden ser científicas: queremos una enseñanza racional y, por lo tanto, no dogmática. La introducción del área de Educación para la ciudadanía (Artículos 18 y 24.3), que no pasa de ser una declaración de buenas intenciones democráticas pero que tanto nos recuerda a la extinta Formación del Espíritu Nacional, en sustitución de la asignatura de Ética de 4º de ESO, que servía de introducción a la Filosofía, nos parece un importante paso atrás en la consolidación de una educación científica.
En esta misma línea, queremos una enseñanza racional y, por lo tanto, laica. Por eso mismo seguimos oponiéndonos a que los centros educativos públicos continúen sirviendo de altavoz y soporte a una propaganda religiosa que, ausente cualquier planteamiento crítico, no es más que una catequesis financiada por todos los ciudadanos en detrimento de los alumnos que no desean recibir instrucción religiosa (que en la red pública ya suponen la mitad de los alumnos de ESO y la mayoría en Bachillerato) y a los que se les hurta parte de su periodo lectivo en exclusivo beneficio de quienes desean recibir adoctrinamiento religioso. Una vez más, se muestra la discriminación de los alumnos de los centros públicos ante los intereses de los centros privados en general y de la Iglesia Católica en particular. Y también la de los alumnos de otras religiones, en clara desventaja en un sistema que sólo favorece a los católicos: en Melilla el 42% de los alumnos de Educación Primaria asisten a clases de religión musulmana pero en la ESO ese porcentaje desciende hasta ¡el 0%!, por falta de profesores homologados desde el Mnisterio.
Por otra parte, la LOE consagra un modelo de organización y gobierno de los centros educativos que es poco democrático. Si por un lado cada día se pide más a los profesores (hasta once funciones ha de cumplir según el Artículo 91), por otro lado se recortan sus derechos y su capacidad de decisión: por poner un ejemplo, de las once competencias que se le conceden al Claustro de Profesores en el Artículo 129, sólo una tiene carácter decisorio: las demás no son más que un catálogo de buenas intenciones (“promover”, “conocer”, “analizar”, “informar”, “proponer”...). Y para colmo, no se recoge en la ley ningún otro órgano colegiado de los profesores o de coordinación docente, que quedan a voluntad de las distintas administraciones educativas (Artículo 130).
En contrapartida, se mantiene la intervención de la Administración pública en la elección del director (Artículo 133), que conserva un alto poder decisorio (Artículo 133) y otras prerrogativas (Artículo 139), centralizando y personalizando la dirección de los centros. Pero sin la participación efectiva de los profesores, de los alumnos y de los trabajadores de Escuelas, Colegios e Institutos, la autonomía de los centros educativos que dice promover la LOE (Artículo 118.2) no es más que papel mojado; un brindis al sol que oculta una filosofía autoritaria y una política excluyente. Lejos del Cuerpo Único Docente que siempre ha defendido la Federación de Enseñanza de CNT, se refuerzan las diferencias funcionales y los incentivos económicos desiguales (Artículo 105).
Una última palabra sobre la financiación de la Ley (Disposición Adicional Tercera), que con tanto entusiasmo ha aireado el gobierno del PSOE. Si únicamente Irlanda y Grecia dedican entre los países de la Unión Europea un porcentaje menor de su PIB a educación, si en los últimos doce años el gasto público en enseñanza ha descendido desde el 4’8 por ciento al 4’4 por ciento mientras que la aportación de las familias se ha mantenido en torno al 1’l por ciento, si en estos momentos el 80 por ciento del presupuesto público para educación depende de las Comunidades Autónomas, ¿pretende convencemos la ministra que con esta cantidad se solucionan nuestras carencias? Sólo con un esfuerzo sostenido y con un incremento presupuestario mucho mayor podremos invertir el saldo negativo de los últimos años y construir un sistema público de educación digno de nuestros alumnos. En tiempos de profundos cambios sociales, como los que se están viviendo en España, la promoción de dos redes educativas tan diversas sólo sirve para ahondar las diferencias y marcar distancias. Si tenemos dos escuelas, tendremos dos Españas. Con la LOE, el gobierno del PSOE ha optado por desamparar a los centros públicos, que son un evidente factor de igualdad individual y cohesión social y garantía de calidad, y permite el desarrollo de una red educativa de titularidad privada pero sostenida con fondos públicos que tiene una aspiración elitista, basada en el nivel económico de las familias y en la subordinación de la enseñanza científica ante la identidad religiosa.
Por todo lo que hemos expuesto, la Federación de Enseñanza de CNT muestra su oposición a la Ley Orgánica de Educación (LOE) y seguirá defendiendo su enseñanza laica y científica, la autogestión de los centros y la pedagogía libertaria.

Federación de Stos. de Enseñanza de Castilla la Mancha