La ley de memoria histórica del PSOE: de nuevo, una ocasión perdida

Secretariado Permanente del Comité Nacional CNT / AIT

- La Ley de Memoria histórica del PSOE mantiene los símbolos de la dictadura
En relación con el Proyecto de Ley de Memoria Histórica que el gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado 28 de julio, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ya ha manifestado su rotundo rechazo al conjunto del articulado (ver noticia). No podía ser de otra manera, puesto que la futura Ley no se corresponde con las reiteradas demandas de la sociedad civil, en el sentido de reparar definitivamente las heridas que produjo la cruel represión que sobre ella ejerció el aparato franquista desde que se produjo el golpe de estado del 18 de julio de 1936.

Serían muchos los aspectos concretos del Proyecto de Ley a considerar, pero quizás la gravedad del mismo consiste en que del análisis de su conjunto se deriva de nuevo una ocasión perdida para terminar con los restos de una sangrienta dictadura, que la Transición española de los años 70-80 no se planteó en ningún momento.

El Proyecto de Ley presenta una redacción confusa, farragosa, contradictoria en ocasiones pero sobre todo miserable y con una gran falta de valentía para satisfacer la memoria, el recuerdo de los que se sacrificaron en defensa de las libertades frente a una dictadura militar fascista.
La situación (legal ya en adelante, qué duda cabe), en la que quedarían muchos colectivos, las dificultades para el acceso a los archivos, la vigencia de las condenas de tribunales sumarios, la no asunción por parte del Estado de su responsabilidad directa en la localización de las fosas de desaparecidos, o la permanencia de los símbolos franquistas, entre otros aspectos no menos importantes, nos alejarían de situaciones similares de otros países de Europa que sufrieron largas y sangrientas dictaduras, como Portugal, Italia o Alemania, donde la situación española causa escándalo.

En concreto, una buena muestra de la confusión que generaría la Ley podría estar en la pretensión de mantener los símbolos de la dictadura franquista en nuestras ciudades. Con la redacción actual, solamente la Administración Central estaría obligada a retirarlos (con excepciones), permaneciendo a criterio del resto de las Administraciones públicas (Autonomías, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.), el que se man-tengan o retiren dichos símbolos en los edificios de su competencia. En la misma circunstancia estaría la Iglesia Católica.

A nadie se le escapa la confusa distribución de competencias entre las Administraciones públicas de nuestro Estado. Eso va a permitir que, a criterio personal o corporativo, en muchos edificios de toda nuestra geografía se mantengan esos símbolos, junto a los nombres de generales asesinos y torturadores en nuestras calles y plazas. La ley sólo obligaría claramente a la retirada de uno de ellos ¿Cuál?, precisamente, el de menor tamaño, el que pasa más desapercibido. El resto se mantendría en su lugar, para vergüenza nuestra, de todos, para siempre. De nuevo: una ocasión perdida.