Ceuta y Melilla: el genocidio silencioso

SP COMITÉ NACIONAL, CNT

El Secretariado Permanente del Comité Nacional de la CNT ante los graves acontecimientos que están ocurriendo en las fronteras de Ceuta y Melilla y los muertos, heridos y deportados que se están produciendo, quiere expresar el apoyo de la Confederación Nacional del Trabajo a todas las personas que intenten llegar al estado español huyendo de las guerras, de la persecución política o del hambre y la miseria, solidarizándose con su afán de escapar de la muerte y de tener una vida más digna.
El estado español está incumpliendo los más elementales principios de los derechos humanos, primero al reprimir brutalmente su acceso a través de la frontera y después expulsándolos de nuevo a Marruecos, donde les espera una muerte segura cuando no una nueva cadena de sufrimientos y penalidades. La negativa del gobierno del PSOE a valorar y reconocer sus peticiones al derecho de asilo los sentencia a un trágico futuro mientras en los despachos de Madrid y Bruselas todo se evalúa en función de intereses económicos. Un gobierno que pretende llamarse democrático no puede entregar a personas al corrupto y dictatorial régimen marroquí ante la impasibilidad de las instituciones.
Como sociedad, debemos posicionarnos en contra de estas políticas de exterminio exigiendo al gobierno que cesen de inmediato, lo que pasa por un cambio urgente de la actual Ley de Extranjería, que regule de forma humana el paso de inmigrantes por nuestro territorio y negándonos a ser el tapón de la rica Europa contra la pobreza de Africa. Como trabajadores, debemos hacer comprender a los que nos rodean que estas personas procurar acceder a un puesto de trabajo que les permita unos ingresos mínimos con los que mantener a sus familias aquí o en sus países de origen y que por ello no puede tratárseles de delincuentes ni devolverles la muerte o el abandono en el desierto.
Como anarcosindicalistas, pedimos sólo lo evidente. Si la Ley de Extranjería se ha demostrado criminal y absurda, es imprescindible su modificación o su derogación inmediatas. Si la represión de los ricos se ha demostrado inútil, como era lógico, para frenar las necesidades de los pobres, deben de dejar de construirse vallas más altas y de asignar más mamporreros contra ellos y estudiar la cuestión desde las necesidades humanas y no desde el papel de carcelero. Si la política seguida hasta el momento consistente en regularizaciones extraordinarias y contingentes de trabajadores se ha demostrado inoperante, deben buscarse fórmulas para permitir el acceso continuado de trabajadores inmigrantes. Si las últimas expulsiones no han conseguido en absoluto desanimar a los que intentan llegar, sino más bien poner otra medalla de vergüenza sobre nuestros representantes, vulnerando no sólo derechos humanos de primer orden sino la propia legislación española, exigimos que se detenga este proceso de deportación y que se proceda al inmediato regreso de los expulsados.
Y desde aquí queremos animar a todos los compañeros y compañeras y al conjunto de los trabajadores a realizar y a sumarse a cuantas acciones les sean posibles contra esta política de genocidio silencioso de los gobiernos español, europeo y marroquí.