Manifiesto de C.N.T. frente al anteproyecto de Ley de Memoria Histórica

Secretariado Permanente del Comité Nacional CNT-AIT

Sabemos que las leyes en un sistema capitalista como el que sufrimos forman parte de ese mismo sistema y favorecen su fortalecimiento y reproducción. Sabemos que “el que hace la ley hace la trampa” y que las leyes sirven también para dar apariencia de cambio “y que todo siga igual”. Sabemos que, en cualquier caso, lo importante de una ley “progresista” es su desarrollo y aplicación si no quiere convertirse en papel mojado con función propagandística (véase, por ejemplo, el derecho al trabajo y a una vivienda que anuncia a “bombo y platillo” nuestra Constitución). Sabemos que nuestra Constitución no supuso una “ruptura democrática” con la dictadura franquista sino una “adaptación” de sus leyes a la “nueva realidad”, y que la Ley de Amnistía de 1977 fue una “ley de punto final” que dio toda la impunidad imaginable a los responsables de la criminal dictadura (bajo la excusa de sacar de las cárceles franquistas a los presos políticos), haciéndonos partícipes de una “eterna transición” que deja pendiente de resolver injusticias lacerantes.
Sabemos que no se construye futuro sobre cimientos firmes olvidando el pasado (olvido al que se apuntaron alegremente todos los partidos de la izquierda parlamentaria para acoplarse al nuevo poder), y que “nuestra democracia” no será tal, entre otras muchas cosas, hasta que se reconozca oficialmente nuestro pasado ignominioso, se haga justicia y se repare la deuda con las víctimas (huyendo de las equidistancias, de valorar por igual o de dar “una de cal y otra de arena”).
Sabemos del peso (hecho de miedos, silencios, manipulaciones y confusiones) que el franquismo ha dejado en las mentalidades de las personas de varias generaciones (tanto de izquierda como de derechas), y en el funcionamiento actual de muchas instituciones (la Iglesia, la monarquía...), partidos políticos, organismos (...Fundación Francisco Franco...) y aparatos mediáticos (véase por ejemplo el apoyo editorial al revisionismo franquista).
Sabíamos también, por todo ello, que no cabía esperar gran cosa de la Ley de Memoria Histórica que el gobierno del PSOE estaba gestando (prevista para 2004 y retrasada en varias ocasiones) acuciado por numerosos colectivos para la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, así como de asociaciones internacionales de derechos humanos (Amnistía Internacional, Equipo Nizkor...), incluso por organismos internacionales (como el Departamento de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, o el propio Parlamento Europeo), y que de hacer algo sería debido a la presión y al ánimo de rentabilizar electoralmente estas “preocupaciones”.
¡Y así ha sido!, una vez más (y ahora ya no caben más oportunidades, excusas, esperas) los que nos gobiernan no han estado a la altura de las circunstancias, no han tenido la clarividencia y valentía suficiente para cerrar el eterno capítulo supurante de nuestra historia, ofreciéndonos más de lo mismo...PARA ESO NO HACE FALTA NINGUNA LEY.
El anteproyecto de ley: “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, que comienza con una alabanza al modelo de transición (sin ninguna crítica) y que no menciona ni una sola vez el golpe de estado de 1936, NO SIGUE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS al trasladar la responsabilidad del Estado a las asociaciones y particulares (que recibirían subvenciones para desarrollar labores como la localización y exhumación de las más de 800 fosas comunes que siembran España...dentro del contexto histórico y no del judicial como sería obligado), proponiendo meras medidas de carácter asistencial cuando no de simples RECOMENDACIONES.
No sólo NO ANULA las sentencias franquistas (repletas de irregularidades jurídicas) sino que equipara víctimas con verdugos (“cualquiera que fuera el bando”, art. 2) optando por el “divide y vencerás” cuando propone la posibilidad de obtener una “Declaración de reparación y reconocimiento personal” (art.4) que INDIVIDUALMENTE deberá ser solicitada a la Comisión Interministerial para que, a través de un Consejo, resuelva publicándolo en el Boletín Oficial del Estado. En definitiva, algo muy parecido a las “solicitudes de depuración del expediente” que durante el franquismo realizaron los Juzgados de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional para volver a habilitar a maestr@s depurados.
Para rizar el rizo las solicitudes tendrían un plazo de 1 año para ser presentadas con la documentación precisa (documentación que dado el estado de los archivos y su difícil acceso, en un país como el nuestro sin una ley de archivos y con una normativa de 1901 que los rige, lo hace imposible en muchos casos), y de ninguna manera serviría “para que se reconozca cualquier tipo de responsabilidad patrimonial del Estado” (art. 7.2), sin crear una oficina de información de desaparecidos ni una Fiscalía especial para obligar a las distintas administraciones públicas a facilitar documentos, información sobre fosas...(por ejemplo a la manera que el franquismo llevó a cabo desde la llamada Causa General).
Las compensaciones económicas a las víctimas, que se plantean como nuevas o ampliación de las existentes, se presentan una vez más bajo el paraguas de las medidas puntuales y restrictivas en donde las compensaciones no se deben a la condición y reconocimiento de víctima sino como concesión administrativa, sin ser proporcionales al daño infringido y sin buscar responsables (impidiendo hacer oficialmente público los nombres de los responsables de la represión -art.7.3- cuando según la normativa vigente el secreto documental sólo llega a los 50 años).
Y nosotr@s nos preguntamos: ¿dónde está la devolución del patrimonio incautado a particulares y colectivos? (el de CNT, valorado en más de 150 millones euros, sólo ha sido devuelto en 30 años de “democracia” en un ridículo porcentaje, recibiendo la UGT 60 veces más: el uso de la memoria histórica no para reparación y justicia sino para uso político); ¿dónde está el reconocimiento y compensación a los guerrilleros antifranquistas, a los asesinados por la policía hasta 1980 (la compensación económica llega sólo hasta 1977); dónde la compensación por parte del Estado y las empresas beneficiadas por el trabajo esclavo de los presos políticos?; ¿dónde la condena firme de la apología del franquismo (y su inclusión en el sistema educativo)?; ¿se seguirá ofreciendo subvenciones públicas a aquellos colectivos e instituciones que hacen apología de la dictadura?.
Con todo, de lo más cínico y rechazable del anteproyecto es la justificación de acudir exclusivamente a la memoria individual y familiar negando una memoria colectiva (para eso no hace falta ley) que es tildada de “supuesta memoria” (Exposición de Motivos), cuando una de las reclamaciones principales de las distintas asociaciones y colectivos es la necesaria socialización de la historia, en aras de la justicia y la reparación, y como todas las leyes internacionales de derechos humanos exigen. ¿Qué es eso que no es tarea del legislador implantar una “determinada memoria histórica”, tal vez se refiere a los conceptos de nación, nacionalidad, españoles...que aparece haciendo referencia a una “determinada memoria histórica” a lo largo de toda clase de legislaciones?.
Y ¿cómo hablar de “educación en valores” cuando la condena de crímenes es condición previa para no repetirlos e instrumento fundamental para la educación en esos valores?; ¿cómo hablar de “educación en valores” cuando el gobierno NO HA FIRMDADO aún el Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de la ONU; cuando mantiene una política de “palos de ciego” en relación a la recuperación de la memoria histórica, reuniéndose con la Falange, haciendo desfilar con el mismo valor a un resistente republicano y liberador de París con un divisionario de la Azul, acudiendo presto a la inauguración de un museo sobre el militar genocida (en España y Marruecos) Mizzian, apoyando la construcción de un hotel de lujo en Casas Viejas (Cádiz) con el reclamo de la matanza de jornaleros de 1933, concediendo el Premio Príncipe de Asturias 2005 a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (carceleras de las presas políticas)?; ¿cómo hablar de “educación en valores” cuando se nombra comisario provincial de Tenerife a A. Gil Rubiales (condenado en 1989 por Tribunal Supremo por torturar hasta muerte a J. Arregui), y cuando se soportan las denuncias de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (que para 2005 aportan 598 casos en España)?.
Si alguna virtud tiene este anteproyecto es mostrar claramente el patético modelo de transición y por extensión el de cuestionar nuestro presente, teniendo el honor de tener a TODOS EN CONTRA: a las numerosas asociaciones y colectivos, que no han sido tenidos en cuenta a la hora de ser informados de la características y evolución del anteproyecto, cuando en la Exposición de Motivos se reconoce que surge para dar “definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos” porque “se trata de peticiones legítimas y justas”...SIN COMENTARIOS.
Pero lo importante ahora es que l@s niet@s, bizniet@s, hij@s conscientes y protagonistas de aquellas épocas mantengamos las reivindicaciones y las luchas, que ningún colectivo se acoja a las distintas subvenciones que terminen legitimando esta futura ley... y que no compren nuestro silencio de esa manera... con cuatro duros, con una medallita al Mérito Civil (art. 21), o con un sellito conmemorativo (Ley 24/2006 por la que se declara 2006 Año de la Memoria Histórica).
La solidaridad de los trabajadores y la acción directa propiciada por el sindicato suelen ser el mejor garante para las resoluciones de despidos y los abusos patronales